Campanar y la seguridad contra los incendios, una asignatura aún pendiente.
La tarde del 22 de febrero de 2024 quedó marcada para siempre en el barrio de Campanar. Un incendio de extrema virulencia comenzó a devorar un edificio residencial y, en apenas horas, el balance humano se tornó devastador: diez personas fallecidas y una ciudad conmocionada.
Las llamas avanzaron con una rapidez inusitada, alimentadas por factores constructivos que, desde el primer momento, suscitaron dudas sobre la capacidad real del inmueble para resistir un siniestro de esa magnitud. La tragedia tiñó de luto a Valencia y reabrió un debate incómodo, largamente postergado: el estado de la protección contra incendios en los edificios residenciales y la respuesta normativa pendiente por parte de la Administración central.
Bajo el impacto emocional del suceso, emergieron interrogantes técnicos que siguen sin una respuesta definitiva. El Gobierno aprobó por decreto, en julio del año anterior, un refuerzo parcial de las medidas de seguridad, pero continúa sin ver la luz la reforma estructural del Código Técnico de la Edificación (CTE).
Esa ausencia normativa prolonga la incertidumbre y deja sin resolver la cuestión esencial: cómo introducir un suplemento de protección eficaz que habría reducido el alcance de una tragedia como la vivida en Campanar. Dos años después, la sensación de provisionalidad persiste y el calendario legislativo continúa abierto.
Ignifugaciones: la primera línea de defensa en edificios residenciales
La experiencia de Campanar ha vuelto a situar en primer plano la necesidad de ignifugaciones adecuadas en los sistemas constructivos modernos. Este conjunto de tratamientos técnicos aplicados a estructuras, revestimientos y elementos portantes resulta determinante para retrasar la propagación del fuego, limitar la emisión de humos tóxicos y ganar tiempo crítico para la evacuación. La ausencia o insuficiencia de estos tratamientos incrementa exponencialmente el riesgo, especialmente en edificaciones levantadas con soluciones de fachada ligera o materiales compuestos de comportamiento combustible.
La normativa vigente establece exigencias mínimas, pero los expertos coinciden en que dichas exigencias han quedado desfasadas frente a la realidad de los incendios actuales. La evolución de los materiales de construcción, unida a una mayor carga térmica en las viviendas, exige criterios más estrictos y homogéneos. Sin una revisión profunda del CTE que incorpore estos avances, las ignifugaciones seguirán dependiendo, en exceso, de decisiones voluntarias o de interpretaciones técnicas dispares.
Certificado contra incendios: una garantía técnica aún insuficiente
En este escenario, el certificado contra incendios se ha convertido en una herramienta clave para evaluar el nivel real de seguridad de un inmueble. Este documento, emitido por personal técnico cualificado, acredita el cumplimiento de las medidas de protección exigidas y permite identificar deficiencias estructurales antes de que se produzca un siniestro. Tras el incendio, la Generalitat impulsó la inclusión de un anexo específico en el Informe de Evaluación del Edificio, obligando a un estudio detallado de la protección frente al fuego como requisito para acceder a determinadas ayudas públicas.
Sin embargo, la efectividad de este certificado se ve limitada por la falta de un marco estatal actualizado. Mientras no se apruebe la nueva redacción del CTE, el alcance del certificado depende de normas transitorias y de la interpretación de los técnicos. Esta situación genera desigualdades territoriales y dificulta la implantación de criterios comunes que garanticen un nivel de seguridad homogéneo en todo el parque inmobiliario.
Importancia del equipamiento preventivo
La protección pasiva debe complementarse con sistemas activos eficaces, y en este punto cobra relevancia el papel de proveedores especializados como comprarextintores.es, que facilitan el acceso a equipamiento homologado y adaptado a cada tipo de edificio. Extintores, bocas de incendio equipadas y sistemas de detección temprana constituyen una barrera esencial para contener un fuego en sus primeras fases, cuando aún es posible evitar daños irreparables.
El problema no reside únicamente en la disponibilidad del equipamiento, sino en su correcta instalación, mantenimiento y adecuación normativa. Sin inspecciones periódicas rigurosas y sin una cultura preventiva consolidada, estos sistemas pierden efectividad. El incendio de Campanar evidenció que la suma de pequeñas carencias puede desembocar en un desastre de grandes proporciones.
La respuesta institucional y el bloqueo normativo
Tras la tragedia, la Generalitat Valenciana activó una comisión de expertos encabezada por la vicepresidenta y consellera de Vivienda, Susana Camarero. En ella participaron colegios profesionales de arquitectura y administración de fincas, así como el Instituto Valenciano de la Edificación. De sus trabajos surgieron alegaciones técnicas trasladadas al Gobierno central y propuestas concretas para reforzar la evaluación de riesgos en edificios residenciales.
Pese a estas iniciativas, las competencias autonómicas resultan limitadas. El marco general sigue dependiendo del Ministerio competente, y mientras se prolonga la fase de alegaciones del nuevo CTE, la acción normativa permanece incompleta. Este bloqueo ha generado una sensación de espera forzada, con avances parciales que no logran cerrar las grietas legales existentes.
El papel de la inspección y la formación técnica
Paralelamente, se ha intensificado el celo del inspector. Profesionales del sector destacan un mayor conocimiento de la dinámica del fuego aplicado a la redacción de normativas y proyectos. No obstante, persisten lagunas en la formación especializada y una insuficiente concienciación ciudadana sobre los riesgos reales. La prevención contra incendios continúa percibiéndose como un trámite, cuando en realidad constituye un elemento esencial de la seguridad colectiva.
La experiencia acumulada en edificios singulares de uso sanitario, cultural o institucional demuestra que la aplicación rigurosa de medidas avanzadas reduce de forma significativa el impacto de los incendios. Trasladar ese nivel de exigencia al ámbito residencial sigue siendo uno de los grandes retos pendientes.
Edificios vulnerables y necesidad de medidas correctoras
Uno de los diagnósticos más contundentes surgidos tras Campanar señala que los edificios construidos con sistemas de fachada similares presentan un nivel de riesgo elevado. Identificar estos inmuebles y aplicar medidas correctoras resulta urgente. Sin una estrategia coordinada a nivel estatal, el proceso se fragmenta y avanza de forma desigual, dejando a miles de residentes expuestos a escenarios evitables.
La futura legislación europea en preparación podría marcar un punto de inflexión, introduciendo estándares más exigentes y obligatorios. Hasta entonces, la realidad es clara: la seguridad contra incendios en el parque residencial español sigue siendo una asignatura pendiente, con consecuencias humanas que ya han demostrado ser irreversibles.
Memoria, rehabilitación y responsabilidad colectiva
Mientras la normativa se demora, la memoria de las víctimas permanece viva. La Asociación de Propietarios Afectados por el Incendio de Campanar ha impulsado actos de homenaje y ha puesto en valor la unidad vecinal y el esfuerzo colectivo que está permitiendo la rehabilitación del edificio siniestrado. El objetivo es recuperar los hogares y, al mismo tiempo, evitar que una tragedia similar vuelva a repetirse.
La lección de Campanar no admite dilaciones: reforzar la seguridad contra incendios no es una opción, sino una obligación técnica, legal y moral. Cada retraso normativo prolonga un riesgo que ya ha demostrado su capacidad destructiva.
