El caso Teatre llega al Constitucional: las víctimas denuncian falta de justicia en Murcia.
Las familias de las víctimas del trágico suceso ocurrido el 1 de octubre de 2023 en las discotecas Teatre y Fonda Milagros, en Atalayas (Murcia), han vuelto a alzar la voz. En aquella fatídica madrugada, 13 personas perdieron la vida a causa de un siniestro que marcó un antes y un después en la conciencia social sobre la seguridad de los locales de ocio.
Casi dos años después, las familias se muestran profundamente disconformes con el Auto 836/2025, emitido por la Sección Segunda de la Audiencia Provincial de Murcia, en el que se rechaza abrir una pieza separada para investigar un presunto delito de prevaricación administrativa relacionado con la concesión y control de las licencias municipales. Esta resolución judicial, fechada el 1 de octubre de 2025, ha sido recibida con indignación por parte de los colectivos de víctimas, que anuncian un recurso de amparo ante el Tribunal Constitucional en defensa de su derecho a la tutela judicial efectiva.
Los familiares consideran que el fallo judicial “blinda” al Ayuntamiento de Murcia y evita esclarecer posibles irregularidades administrativas que podrían haber contribuido a la tragedia. Exigen respuestas, transparencia y una justicia que, según sus palabras, “aún no ha llegado”.
La importancia de la seguridad preventiva en espacios públicos
Más allá del debate jurídico, este caso ha reabierto una discusión esencial: la necesidad de garantizar que las medidas de seguridad en locales de ocio sean efectivas y se cumplan con rigor. Elementos básicos como una señal salida de emergencia visible, funcional y correctamente instalada pueden marcar la diferencia entre la vida y la muerte en una situación de emergencia.
Las normativas europeas y españolas establecen que este tipo de señalización debe ser fotoluminiscente, estar situada en lugares estratégicos y mantenerse en óptimo estado. No se trata de simples requisitos administrativos, sino de obligaciones vitales que protegen a los ciudadanos ante posibles riesgos. En muchos siniestros, las investigaciones revelan que la falta o el mal estado de estas señales impide una evacuación rápida y ordenada, incrementando el número de víctimas.
El caso Teatre expone crudamente las consecuencias de ignorar los protocolos de seguridad. Las víctimas no solo buscan justicia penal, sino también que se refuerce el cumplimiento de las normas básicas de protección en todos los establecimientos.
El papel del cartel salida de emergencia y su mantenimiento
En cualquier recinto cerrado, especialmente en locales con gran afluencia de personas, el cartel salida de emergencia cumple una función crítica. Debe ser claramente visible desde cualquier punto, con iluminación autónoma y un mantenimiento regular que garantice su visibilidad incluso durante un fallo eléctrico.
Según el Reglamento de Seguridad contra Incendios en Establecimientos Industriales (RSCIEI) y el Código Técnico de la Edificación (CTE), la señalización debe revisarse periódicamente. Sin embargo, en la práctica, muchas inspecciones municipales pasan por alto estos detalles o se realizan con escasa frecuencia.
En la tragedia de Atalayas, las familias han denunciado deficiencias en la señalización y las vías de evacuación, un aspecto que debería haberse controlado mediante auditorías preventivas. La ausencia de un seguimiento eficaz de las licencias y el mantenimiento ha generado un clima de desconfianza en las instituciones encargadas de velar por la seguridad ciudadana.
Un incendio que dejó heridas profundas en la sociedad murciana
El incendio de las discotecas Teatre y Fonda Milagros no solo arrasó con estructuras físicas, sino con la confianza de toda una comunidad. Las imágenes del suceso y los testimonios de los supervivientes aún estremecen. El fuego se propagó con una velocidad devastadora, lo que ha llevado a cuestionar la calidad de los materiales de construcción, el cumplimiento de las medidas de evacuación y la adecuación de los sistemas de protección activa, como extintores, rociadores automáticos o salidas alternativas.
El auto judicial 836/2025 establece que no existe “conexidad” entre el delito de homicidio imprudente —eje de la causa principal— y el supuesto delito de prevaricación relacionado con la actuación administrativa del Ayuntamiento. No obstante, los familiares sostienen que la falta de control y la posible negligencia municipal están directamente ligadas al desenlace fatal.
El artículo 17 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal permite separar las causas cuando los delitos no están directamente relacionados. Pero en este caso, las víctimas consideran que la frontera entre lo penal y lo administrativo es demasiado delgada como para no investigarla con mayor profundidad.
Una justicia fragmentada que las familias califican de insuficiente
El razonamiento de la Audiencia Provincial se centra en la interpretación estricta de la ley, pero para los afectados la justicia no puede limitarse a los procedimientos. La exigencia de una investigación más amplia busca determinar si existieron omisiones o irregularidades en la concesión de licencias municipales, o si se permitió operar a locales sin los permisos adecuados.
Los abogados de las familias argumentan que no se trata de mezclar delitos, sino de entender el contexto en el que se desarrollaron los hechos. En palabras de los representantes legales, “sin una investigación administrativa paralela, la verdad quedará incompleta”.
La sensación de impunidad y de desamparo judicial ha impulsado a los colectivos de víctimas a acudir al Tribunal Constitucional, donde esperan que se reconozca su derecho a una justicia plena y efectiva.
Prevención y la responsabilidad institucional
El caso Teatre no es solo una herida abierta en Murcia; es también un llamado a revisar la cultura de prevención en España. La tragedia demuestra que las leyes existen, pero que sin supervisión ni aplicación efectiva, carecen de sentido real.
La seguridad en locales de ocio debe ser un asunto prioritario para las autoridades locales, los empresarios y la ciudadanía. Cumplir con las normas de evacuación, señalización y sistemas contra incendios no es una formalidad, sino una obligación ética y legal que salva vidas.
El debate judicial seguirá su curso en el Constitucional, pero mientras tanto, las familias continúan exigiendo lo más básico: verdad, justicia y medidas concretas que eviten otra tragedia similar.
El incendio de Teatre y Fonda Milagros ha evidenciado las fallas estructurales
El incendio de Teatre y Fonda Milagros ha evidenciado las fallas estructurales de un sistema que, en ocasiones, prioriza la burocracia sobre la seguridad. Las familias, con su incansable lucha, han convertido su dolor en un reclamo de justicia y en una exigencia de responsabilidad institucional. El futuro dirá si el Tribunal Constitucional escucha ese clamor y si se abre, finalmente, la puerta a una investigación más transparente y exhaustiva.
