Revisión de extintores en Melilla: medida esencial.
El reciente caso ocurrido en el Ayuntamiento de Melilla ha evidenciado la necesidad de reforzar la cultura preventiva en materia de seguridad contra incendios. El 22 de agosto, un vídeo grabado por el diputado Amín Azmani mostró deficiencias graves en el mantenimiento de los equipos, ya que varios extintores no habían sido revisados en más de dos años. Esta situación representa una vulneración del Reglamento de Instalaciones de Protección Contra Incendios (RIPCI), norma que establece plazos y procedimientos claros para garantizar la operatividad de los dispositivos de protección.
Extintor: herramienta de primera respuesta
El extintor es la herramienta de primera respuesta frente a un conato de fuego. Su función es determinante en los primeros minutos, cuando aún es posible controlar la situación y evitar que se convierta en una emergencia mayor. Sin embargo, su eficacia depende exclusivamente de que esté en condiciones óptimas, correctamente ubicado y señalizado, algo que, en este caso, no se estaba cumpliendo.
Más allá de la venta de extintores: la responsabilidad institucional
La venta de extintores representa únicamente el primer paso para contar con un entorno protegido frente al riesgo de incendio. No obstante, adquirir estos equipos no significa que la seguridad esté garantizada. El verdadero compromiso comienza después: en la instalación adecuada, en la comprobación periódica de su estado y en la actualización de sus certificados conforme a la normativa vigente.
Durante la grabación en el Palacio de la Asamblea, se detectó que los extintores estaban caducados desde 2023, además de encontrarse en lugares inadecuados y sin la señalización correspondiente. Esto constituye una falta doble: no solo se incumple la normativa, sino que se limita la capacidad de respuesta en caso de emergencia. En consecuencia, se expone tanto a trabajadores como a ciudadanos a un riesgo innecesario que podría evitarse con una gestión responsable.
La amenaza latente de un incendio en edificios públicos
El peligro real que implica esta situación es la posibilidad de un incendio en un edificio emblemático como el Ayuntamiento de Melilla. Sin revisiones, con señalización deficiente y con ubicaciones incorrectas, el margen de maniobra ante un siniestro se reduce drásticamente.
El RIPCI establece que la revisión debe realizarse con frecuencia trimestral de manera visual, anual de manera técnica y cada cinco años mediante una prueba de retimbrado y recarga. El incumplimiento de estos plazos no solo es una falta administrativa, sino una negligencia que pone en juego vidas humanas y bienes materiales. Un incendio en esas condiciones encontraría un sistema de protección ineficaz, lo que podría derivar en consecuencias irreparables.
La denuncia y la reacción inmediata del Gobierno local
Lo más significativo de este episodio es que el vídeo de Azmani no llegó a difundirse públicamente. Aun así, su mera existencia bastó para que el Gobierno local actuara con rapidez y ordenara una inspección completa de los equipos. La reacción fue celebrada por el grupo político Somos Melilla, que no obstante subrayó que esta respuesta no debe ser puntual, sino sostenida en el tiempo.
La organización solicitó medidas concretas:
- Actualizar los certificados de todos los equipos.
- Corregir las ubicaciones de los extintores para que cumplan con la normativa.
- Implementar la señalética adecuada y visible.
- Publicar un calendario oficial de revisiones que permita un seguimiento transparente.
El propio Azmani afirmó que “el simple rodaje, sin ni siquiera difundirlo, ha sido suficiente para poner en marcha la revisión completa del edificio”, una declaración que refleja lo frágil que puede resultar el control institucional cuando la vigilancia es insuficiente.
Una negligencia calificada como gravísima
El caso fue descrito como una “negligencia gravísima” debido a tres factores principales:
- Extintores caducados que debieron haber pasado la inspección en 2023.
- Ubicaciones incorrectas que dificultarían el acceso en una emergencia.
- Falta de señalización que impediría localizar los equipos en momentos críticos.
Estos elementos, combinados, aumentan el riesgo de que una emergencia se convierta en tragedia. Un incendio no da margen a la improvisación, y la ausencia de condiciones mínimas de seguridad compromete directamente la protección de vidas humanas.
La importancia de la vigilancia y el control ciudadano
El papel de Somos Melilla ha sido clave para poner de relieve esta situación. El grupo insistió en que permanecerá vigilante para garantizar que el Ayuntamiento cumpla con el RIPCI de forma permanente, no solo tras una denuncia. La seguridad no puede depender de acciones puntuales, sino de un plan sólido y constante de prevención y revisión.
La vigilancia ciudadana es, en este sentido, un factor de presión que impulsa la mejora institucional. Casos como este refuerzan la necesidad de que tanto las administraciones públicas como las empresas privadas asuman la prevención contra incendios como una prioridad irrenunciable.
Un recordatorio para todas las instituciones
La experiencia de Melilla debe servir de advertencia para cualquier organismo, empresa o comunidad: los sistemas de protección contra incendios solo son eficaces si se encuentran actualizados y cumplen con la normativa. No basta con tener extintores; es imprescindible que estén certificados, señalizados y listos para su uso inmediato.
El extintor es un equipo diseñado para actuar en los primeros segundos de un conato de fuego. Si falla en ese momento, las consecuencias pueden ser devastadoras. Por ello, la responsabilidad de las instituciones no puede limitarse a cumplir con un requisito formal, sino que debe traducirse en una vigilancia constante y efectiva.
La prevención como prioridad inaplazable
El caso del Ayuntamiento de Melilla es una llamada de atención contundente sobre la importancia de mantener operativos los sistemas de seguridad contra incendios. La reacción rápida del Gobierno local es positiva, pero no basta: lo esencial es que exista un compromiso permanente que asegure la protección de quienes trabajan y acuden a las instalaciones públicas.
Cumplir con el RIPCI no es una opción, es una obligación que salva vidas. La prevención frente al fuego exige responsabilidad, transparencia y vigilancia constante. La seguridad ciudadana no puede ponerse en riesgo por descuidos evitables; cada revisión pendiente y cada señalética ausente es una vulnerabilidad que no debe repetirse.
