Vivir encima de un comercio que explotó en Calella: miedo, silencio administrativo y seguridad pendiente. La incertidumbre tras una explosión que marcó a un vecindario.
La noche del 22 de junio de 2022 quedó grabada en la memoria de un edificio entero en Calella. Poco antes de las once, varias explosiones sacudieron la tranquilidad previa a la verbena de San Juan. En un primer momento, los vecinos pensaron que se trataba de petardos, una confusión comprensible en una fecha señalada. Sin embargo, el estruendo venía del interior de un local situado en los bajos del inmueble, una tienda de bicicletas y patinetes eléctricos ubicada justo debajo de varias viviendas familiares.
La realidad se impuso de forma brutal cuando un humo negro, espeso y tóxico comenzó a ascender por el patio interior del edificio. Las baterías y las gomas de los patinetes ardían con violencia, impregnando el aire de un olor acre que se percibía a varias calles de distancia. La intervención de los bomberos, con cuatro dotaciones desplegadas, obligó a desalojar de manera preventiva a los vecinos de 15 viviendas. Dos personas fueron atendidas por inhalación leve de humo y una de ellas trasladada al hospital por precaución. La rápida reacción de personas que se encontraban en terrazas cercanas, alertando puerta por puerta, evitó una tragedia mayor.
El riesgo latente de las baterías de litio en locales comerciales
En el tercer párrafo del análisis técnico posterior al suceso, los especialistas apuntaron a la necesidad de contar con sistemas de respuesta específicos como el extintor baterias litio, un elemento clave cuando se trabaja con dispositivos de alta densidad energética. Las baterías de litio, habituales en patinetes y bicicletas eléctricas, presentan un comportamiento altamente volátil cuando se sobrecalientan o sufren fallos durante la carga, generando reacciones en cadena difíciles de controlar sin medios adecuados.
La falta de protocolos visibles y de equipamiento especializado en este tipo de comercios incrementa el peligro para los inmuebles colindantes. Vivir encima de un local que manipula y carga decenas de baterías simultáneamente exige medidas de protección reforzadas, compartimentación ignífuga y sistemas de ventilación capaces de evitar la propagación de gases y humos tóxicos hacia las viviendas superiores.
Seguridad contra incendios y obligaciones técnicas no negociables
En el cuarto bloque de evaluaciones se subrayó la importancia del extintor litio como parte de un conjunto más amplio de obligaciones técnicas. No se trata solo de disponer de un equipo, sino de garantizar su correcta homologación, mantenimiento y accesibilidad inmediata. La normativa exige que los locales adapten sus instalaciones eléctricas al tipo de actividad desarrollada, algo especialmente relevante cuando se pasa de una tienda de souvenirs a un negocio que gestiona carga masiva de baterías.
Los informes también destacaron deficiencias estructurales: elementos sin aislar correctamente, zonas sin techo y carencias acústicas que evidencian una adaptación incompleta del espacio. Estas irregularidades no solo afectan al confort, sino que comprometen directamente la seguridad pasiva del edificio, facilitando la propagación de llamas y humo en caso de emergencia.
El incendio como punto de inflexión para los vecinos
El quinto apartado se centró en el incendio como detonante de un conflicto que, lejos de cerrarse, se prolonga en el tiempo. Para quienes viven encima del local, el suceso no fue un episodio aislado, sino el inicio de una etapa marcada por el miedo y la desconfianza. La pregunta que nadie respondió con claridad fue simple y directa: ¿cumplía el establecimiento con todas las condiciones de seguridad exigibles antes de la explosión?
A raíz de lo ocurrido, los vecinos comenzaron a solicitar información detallada sobre la licencia de actividad, las inspecciones realizadas y las medidas correctoras aplicadas. Las respuestas, cuando llegaron, fueron parciales y, según denuncian, insuficientes para disipar la sensación de vulnerabilidad permanente.
Instancias, versiones enfrentadas y un silencio que inquieta
Desde el verano de 2022, las solicitudes al Ayuntamiento de Calella se sucedieron a través de instancias registradas y correos electrónicos. La versión oficial sostiene que un ingeniero municipal atendió a los vecinos de forma telefónica y presencial, aunque reconoce no disponer de constancia documental de dichas reuniones. Para los afectados, esa explicación no resulta creíble y refuerza la percepción de opacidad administrativa.
La exigencia de que toda comunicación se realizara por escrito respondió precisamente al temor de que se alegaran encuentros inexistentes. Las contestaciones recibidas no despejaron las dudas esenciales sobre la seguridad real del inmueble ni sobre la adecuación de las instalaciones tras el siniestro.
Expedientes abiertos y un local que sigue funcionando
En enero de 2024, el consistorio notificó la apertura de expedientes para subsanar deficiencias detectadas en inspecciones posteriores al incendio. Entre las medidas exigidas figuraban actuaciones para evitar la propagación del fuego y la adecuación de determinados elementos técnicos. Para los vecinos, estas notificaciones confirmaban lo que sospechaban desde el primer día: el local no reunía las condiciones adecuadas en el momento del suceso.
Pese a ello, el establecimiento continúa abierto, una circunstancia que alimenta el conflicto dentro de la comunidad. Inquilino y propietario del local se reprochan responsabilidades, mientras los vecinos viven con la sensación de que el riesgo persiste sobre sus cabezas.
La mediación del Síndic y el desgaste emocional
Ante la falta de una interlocución eficaz, el caso llegó al Síndic de Greuges de Catalunya. A través de este organismo, el Ayuntamiento trasladó información sobre las medidas de seguridad finalmente exigidas. Sin embargo, el proceso fue percibido como lento y poco transparente, prolongando la incertidumbre durante meses.
El impacto psicológico ha sido profundo. El miedo constante, la hipervigilancia ante cualquier ruido nocturno o olor extraño y la necesidad de llamar a la policía ante la mínima sospecha de humo han derivado en episodios de ansiedad prolongados. La seguridad del hogar, un pilar básico de la estabilidad personal, quedó seriamente comprometida.
Licencias, seguros y responsabilidades en entredicho
En el trasfondo del conflicto planea la sospecha de intereses cruzados relacionados con licencias concedidas poco antes del incendio, posibles responsabilidades patrimoniales y la cobertura de los seguros. Si un local no cumple con la normativa, las aseguradoras pueden rechazar indemnizaciones, abriendo un escenario de consecuencias legales y económicas de gran alcance.
Más allá de interpretaciones y acusaciones, la demanda vecinal se mantiene firme: documentación clara, una revisión técnica concluyente y garantías reales de que un episodio similar no volverá a repetirse. La convivencia entre actividad económica y vivienda requiere un equilibrio basado en el cumplimiento estricto de la normativa y en la transparencia institucional.
Una lección pendiente para la seguridad urbana
Este caso pone de relieve la necesidad de reforzar los controles sobre actividades que implican riesgos tecnológicos en entornos residenciales. La proliferación de negocios vinculados a la movilidad eléctrica exige actualizar criterios de inspección, formación específica y equipamiento adecuado. La prevención no puede ser reactiva ni depender de que ocurra una desgracia.
La experiencia de Calella debe servir como advertencia: la seguridad no es un trámite administrativo, sino una garantía vital para quienes viven y trabajan en los edificios. Solo con información clara, medidas técnicas rigurosas y una gestión responsable se puede devolver la tranquilidad a quienes, desde hace años, viven con el recuerdo de una noche que pudo acabar en tragedia.
